viernes, 25 de septiembre de 2020

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DA LA RAZÓN A LOS TOREROS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO EN ESPAÑA


Aplausos

El Defensor del Pueblo da la razón a los toreros ante la inmotivada discriminación que están sufriendo por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Según el escrito enviado este miércoles a la Fundación del Toro de Lidia, que fue la que mandó un escrito solicitando su intervención, el Defensor del Pueblo “no comparte la interpretación restrictiva y poco ortodoxa desde el punto de vista jurídico del artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020 llevada a cabo por el SEPE, con el resultado final de la exclusión de los profesionales taurinos del ámbito de la prestación extraordinaria por desempleo creada por dicha norma de rango legal”.

Igualmente, la resolución del Defensor del Pueblo concluye que “esta institución ha decidido elevar una Recomendación a la ministra de Trabajo y Economía Social tendente al reconocimiento de la inclusión de los profesionales taurinos en el ámbito de protección extraordinaria por desempleo del artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020”.

Esta resolución es un respaldo importante a las reivindicaciones llevadas a cabo por la FTL, la UNPBE y el resto de colectivos taurinos, por unos derechos que como trabajadores les corresponden a los profesionales taurinos y que el Ministerio de Trabajo ha denegado de manera consistente y arbitraria.

Fernando Gomá, vicepresidente de la FTL afirma que “se trata de una extraordinaria noticia, que confirma de manera rotunda lo que era una evidencia: el Ministerio de Trabajo está discriminando a los profesionales taurinos de una manera arbitraria por motivos exclusivamente ideológicos, esperemos que rectifiquen con la mayor brevedad”.

Los profesionales taurinos están siendo discriminados por parte del Ministerio de Trabajo a través del SEPE, excluyéndoles del ámbito de la protección extraordinaria por desempleo del Real Decreto-ley (RD 17/2020) por el que se aprobaban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. 

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